
“Los Colegios Profesionales no son anacrónicos sino instituciones de prestigio para la sociedad” explicó la presidenta del Consejo Andaluz de Graduados Sociales y del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva, Dolores Bejarano Díaz.
Para Bejarano, la colegiación obligatoria es una garantía de prestación de servicios tanto para el ciudadano como para las administraciones: “No llegamos a entender el afán que hay en que desaparezca la obligatoriedad de colegiación en las profesiones tituladas, tanto en nuestro país como en Europa”.
En cuanto a los profesionales más jóvenes, Bejarano afirmó que “los Colegios tienen que ir de la mano con las Universidades para que no se dé la paradoja de realizar una carrera que al final no tenga un perfil profesional bien definido y no sirva para nada”. De igual modo, concretó que “todas estas cuestiones pueden encontrar la luz en la reforma de Bolonia”.
En relación a la modificación del marco normativo para los Colegios Profesionales que pretende eliminar restricciones al acceso y al ejercicio profesional, la presidenta andaluza de los Graduados Sociales explicó que “los colegios profesionales están trabajando para que estas corporaciones sufran las menores restricciones posibles como garantía real para el ciudadano”. En este sentido, aseguró que “puede que al final no sea tan malo como parece para los Colegios Profesionales”.
Aportación al servicio de la sociedad
En la mesa, también estuvieron Martín José García Sánchez, colegiado del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta; Rafael Navarrete Paniagua, colegiado del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid y Carlos Berruezo del Río, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona. Éste último, destacó el papel de los Colegios ante la crisis: “En tiempos de zozobra económica los Colegios no pueden centrarse en la defensa de los intereses de sus colegiados frente a la sociedad, sino, precisamente, en destacar su aportación al servicio de la sociedad, que, en última instancia, justifica la garantía constitucional de su existencia”.